Que se anule la prórroga de la concesión de 60 años para que la fábrica papelera Ence, dedicada a la fabricación de pasta de papel y la transformación energética y ubicada en la localidad pontevedresa de Lourizán desde 1958, pueda continuar su actividad. Es lo que la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó ayer.
La iniciativa, una proposición no de ley impulsada por En Marea y transaccionada por el PSOE, fue aprobada con 23 votos a favor de todos los grupos salvo el PP, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo.
La petición del Congreso insta al Gobierno a que cierre las instalaciones, a cuya concesión por más tiempo se oponen desde movimientos ecologistas y vecinales como la Asociación Por la Defensa de la Ría (APDR) hasta el propio Ayuntamiento de Pontevedra, dirigido por el BNG, y En Marea, socios gallegos de Podemos en la Cámara baja.
Desde los colectivos en contra se plantea que la prórroga es ilegal y así lo recoge la poposición no de ley aprobada ayer, que afirma que éstá incumple la Ley de Costas. El portavoz de Marea de Pontevedra, Luis Rei, afirma que la concesión da carta blanca “auna empresa condenada por delito ecológico en 2002 que en 2013 recibe la buena nueva de que el Gobierno de Mariano Rajoy hace una contrarreforma de la Ley de Costas que permite prorrogar su concesión”. La petición exige la vuelta a los niveles de protección de l litoral recogidos en la Ley de Costas de 1988.
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La prórroga fue concedida por el Gobierno en funciones “que no tuvo la decencia de someter a ningún órgano de esta Cámara una decisión de total trascendencia”, apunta el portavoz de En Marea en la Comisión de Agricultura, Antón Gómez-Reino. Éste recordó también que la fábrica consume 4 millones de m3 más que toda la ciudadanía de la ría “pagando menos del 10% del canon que le correspondería”.
Puertas giratorias
Tal como Diagonal publicó el pasado 28 de enero, la multinacional Ence, cuya privatización comenzó el Gobierno de José María Aznar en 1995, es un actor poderoso en el entramado societario español y está presente en otros puntos del Estado y de Latinoamérica, como Uruguay y Argentina. Entre sus consejeros actuales se encuentran Isabel Tocino, Pascual Fernández y Carlos del Álamo, cargos del Ministerio de Medio Ambiente en la época de su privatización, y en la compañía también participan millonarios como Juan Aguirre, hombre fuerte de Iberdrola, o “los Albertos” por medio de la sociedad Alcor Capital.
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